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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Magdalena, para dialogar con las autoridades locales sobre temas clave.

La reunión, celebrada en la oficina gubernamental, contó con la participación del gobernador Rafael Martínez, quien presentó los logros en materia de derechos humanos, implementación del Acuerdo de Paz de 2016, seguridad ciudadana y superación de la desigualdad y la pobreza durante el anterior gobierno de Carlos Caicedo.

La delegación de la CIDH, encabezada por el comisionado Edgar Stuardo Ralón, estuvo integrada por Javier Palummo Lantes, Relator sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; Patricia Colchero, Jefa de Gabinete; Paula Mora, Funcionaria de la CIDH; Romina Otero, Funcionaria de la CIDH; Arely Varela, Funcionaria de la CIDH; y Emel Camargo, Enlace Temático de la Cancillería.

El gobernador Martínez abordó temas como el orden público y la violencia en el territorio, causados por la reactivación de grupos armados ilegales y el aumento del delito de extorsión en algunos municipios. También destacó los progresos realizados durante el mandato de Caicedo en la reducción de la pobreza extrema e la desigualdad, lo que sitúa al ente territorial como referente de cambio a nivel nacional.

La delegación de la CIDH expresó interés por la implementación de la Política de Paz Total por parte del gobierno nacional, subrayando la necesidad de una mayor incentivación e involucramiento de las autoridades territoriales.

Durante la reunión, el gobernador Martínez también se refirió a los resultados electorales en relación con la elección del alcalde de Santa Marta, la cual califica como ilegítima debido a la supuesta omisión de la elección popular a través de las urnas.

La CIDH anunció que publicará un informe general en las próximas semanas, en el que plasmará sus hallazgos y proporcionará recomendaciones en materia de defensa de los derechos humanos que fortalecerán el plan de desarrollo que se ejecuta en el Magdalena.

Esta visita de la CIDH a Santa Marta resalta la importancia del diálogo y la colaboración continuos entre los organismos internacionales de derechos humanos y las autoridades locales para abordar los problemas pendientes y promover el desarrollo sostenible en la región.

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